Sucedió el pasado domingo en la comunidad Comechingona “Pluma Blanca”, y sus miembros habrían recibido amenazas de muerte.
Desde las comunidades Comechingonas de Sierras Chicas, denunciaron la usurpación con violencia de Tierras Comechingonas en en la comunidad “Pluma Blanca” ubicada en Candonga. Además, sus integrantes habrían recibido amenazas de muerte.

Según denuncia la comunidad, usurparon una de las viviendas de la familia López y “desplegando armas blancas y amenazas de muerte hacia las y los miembros de la comunidad”, dijo un comunicado oficial.
Alejandro Brussa, es el abogado penalista que acompaña a familias y comunidades indígenas, quien además, estuvo en el lugar del hecho. Frente a esto narró que se habían acercado a la zona donde López tiene a sus animales y se encontraron con tres hombres, una mujer y una niña.
“Cuando llegamos, nos acercamos y se presentó como que iba ser el poseedor”, con límites muy marcados sobre territorio. Entre las amenazas, contó Brussa, dijeron “que si se portaba como buen vecino no le iba a pasar nada, que si lo molestaba le iba a alambrar todo el campo” y, además que “lo iba a cagar a tiros». También señaló que si hacía denuncias “iba a sufrir consecuencias su familia”.
Con un contenido simbólico de violencia, comentó que el resto de los hombres que se hicieron presentes en el lugar, mostraban los machetes que tenían en las manos.
Ante esto, desde la comunidad realizaron llamados a la policía de Salsipuedes para denunciar la situación, pero según relatan no hubo respuestas por parte de las fuerzas de seguridad, quienes “deberían cuidar a la población”.
Es así, como se acercaron a la comisaría de Salsipuedes para concretar la denuncia, pero, según relata Brussa, el “Policía sumariante no le tomó la denuncia y lo discriminó”. Denuncia además, que señalaba que sus animales habían quedado del lado de los “usurpadores”.
Por su lado, desde el comunicado remarcó: “Allí, en la comisaría, la autoridad de la comunidad, Carlos López, fue maltratado y discriminado por parte de los uniformados que rigen la seguridad social, solicitando un estudio de ADN para demostrar que era indígena”, detallaron desde el comunicado.
Algo que remarcaron como “totalmente anticonsticonstitucional y contrario a leyes nacionales e internacionales”, lo que para la comunidad, “muestra un total desconocimiento o mala intención por parte de las autoridades actuantes”.
Lo mismo sucedió con Julia Martha Ceballos, representante ante el Consejo Provincial Indígena (CPI) ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien acompañó al Nawan de “Pluma Blanca”.
“Contra ella la policía esgrimió insultos e improperios, lo que da cuenta no solo de la falta de conocimiento sobre su autoridad y cargo, sino de la poca preparación que tiene la policía de Córdoba acerca del derecho indígena (sancionado en varias normativas constitucionales) y cuál es su rol ante conflictos como éste», señaló el comunicado.
Frente a esto, el letrado dio a conocer que los enviaron a Jesus Maria, “pero hasta ayer, la Fiscalía no había tomado medidas pertinentes”.
Violencia recurrente
Los conflictos y hechos de violencia vienen siendo moneda corriente en las comunidades que hace muchos años viven en esas tierras. “El agravante es que están incomunicados y con estos violentos”, lo cual profundiza el problema, dijo el letrado.
“La justicia no hace nada y le permiten a estos sujetos que hagan lo que hacen” indicó, a la vez que agregó: “hay que señalar, que estos sujetos que están usurpando acá lo hacen, por lo que pudimos observar, no en nombre de propio, sino en nombre de interés de otros, empresarios que quieren hacer desarrollos inmobiliarios”.
Las formas de violencia en estas comunidades, ha sido manifestada incluso de formas aberrantes, con el fin de que las familias se vayan del sitio. “En otra ocasión le secuestraron a una hija y la dejaron varios metros, la arrojaron por un acantilado. Tuvo lesiones leves”.
“Pasa en la comunidad Plumas Blancas y en otras. Casi todas las comunidades están pasando por la misma situación, tienen prácticamente la misma forma”. No es nuevo, “es un hecho más”, dijo Brussa. Y la justicia, sigue haciendo oídos sordos.
Antecedentes
La familia López, tiene un conflicto con el empresario Luis Ernesto Remonda, quien iniciño un juicio civil de reivindicación contra la familia López. El Juicio salió a favor del empresario y la familia recibió la orden de desalojo en plena pandemia.
Sin embargo, Alejandro Brussa se está preparando para una defensa legal, ante esta arbitrariedad.
Cabe destacar, que la familia Remonda tiene la posesión de un campo vecino al de la Comunidad Pluma Blanca donde habita la familia López Carlos. Desde ese momento denunció vivir amenzado y hostigado, recibiendo agravios de todo tipo, desde incendios hasta «tiroteos» de la casa, entre otros hechos.
Derechos ganados
En el comunicado de las Comunidades Comenchingonas, relataron que “La forma como las tierras comunitarias indígenas pasaron de manos indias a terratenientes y cómo estos motivaron las conquistas, es un tema de alta vigencia en el presente siglo XXI y esperamos poder reducir al 2021 los indicios del delito organizado que llevan a violar de manera histórica los derechos indígenas y campesinos”.
En el caso puntual de la familia López, el abogado relató que nació allí y vive actualmente con su mujer y sus cuatro hijos. “Antes vivía el padre en el lugar y familiares, que se han ido yendo por estas cuestiones, hambre y otras necesidades”.
“Pero ahí en el territorio hace más de 40 años que lo tiene la familia”. Incluso en el lugar, contó Brussa, “hay un cementerio indigena, hay morteros”.
En cuestiones legales, “se ha solicitado la personería jurídica ante el INAI”, indicó el letrado. “No obstante hace unos años atrás se hace una constatación por escribano público de la posesión”.
Asimismo, en el comunicado desde las comunidades indígenas de Córdoba, detallaron que “en una causa que se está tramitando ante el Juzgado No. 1 Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María José Antonio Sartori se ha denegado la calidad de comunidad indígena pese a haber presentado la constancia del trámite realizado ante el INAI”.
“Las comunidades indígenas de Córdoba repudiamos el accionar de estos grupos de sicarios y malvivientes que de manera oportuna abusan de la reacción pacífica y de la voluntad de la familia López, así como el de la comisaría de Salsipuedes”.
Comunidades que adhieren: Comunidad Comechingón Pluma Blanca; Comunidad Comechingón Ticas; Comunidad Comechingón Canchira; Comunidad Comechingón Rural Arabela; Comunidad Sanavirón Mampasacat; Comunidad Comechingón Cochancharava; Comunidad Kamiare Comechingón Timoteo Reyna; Comunidad Comechingón Tay Pichin; Comunidad Comechingón La Unión; Comunidad Ranquel Ramon Cabral “El Platero”; Comunidad Comechingón Cochancharava y Comunidad Indígena Chavascate






















