Unquillo: Multa millonaria a los vecinos del barrio cerrado Aires del Nordeste

Vecinos del barrio Aires del Nordeste, fueron intimados a pagar una deuda de 32 millones de pesos al municipio por no contar con las autorizaciones de construcción.

Aires del Nordeste, barrio ubicado frente al ex frigorífico Estancias del Sur, sobre la ruta E-53, desde el inicio de la pandemia tiene grandes problemas por irregularidades por parte de las empresas comercializadoras.

Silvina Coira, abogada y vecina damnificada, comentó que son los vecinos quienes deben ahora afrontar las obras que faltan realizar, sino las multas por la administración fraudulenta de los fideicomisos.

Con un total de 448 lotes trazados y la misma cantidad de familias viviendo, cabe destacar que los vecinos no cuentan con planos aprobados y sólo tienen un boleto de compraventa y la posesión.

Coira, señaló que la comercializadora Valué, última en el tramo de reemplazos, “no estaba inscripta en la Municipalidad de Unquillo como comercio y clausuraron la oficina, no el barrio”, la cual no sólo no cumplió sino que fue destituida en diciembre.

Desde julio de este año, los vecinos autoconvocados comenzaron la mesa de conversaciones con la Municipalidad, con Jorge Fabrissin como intendente, y se planteó una multa de 600 mil pesos a pagar en cuatro cuotas, pero días antes del plazo, sorpresivamente llegaron más.

De ese valor, pasaron a cerca de 4 millones de pesos por vivienda, lo que hace una deuda total de aproximadamente 32 millones, en concepto de “haber construido en un macro lote que no contaba con planos y no haber acompañado los planos de las viviendas”.

“Es inviable, impagable, inconstitucional, extorsivo. Nos hunden como barrio”, dijo la vecina. Y añadió: “equivale al 64% del valor de una propiedad, una locura”.

Ante esto, los letrados representantes de los vecinos presentaron un recurso de revisión, aunque hoy podría ser definitoria la resolución, luego de la reunión esta tarde con el intendente, para “destrabar esta negociación”.

Además, Coira destacó que venían manteniendo un diálogo “bien encaminado”, hasta que “de golpe nos mandaron un baldazo de agua fría y no entendemos la razón”.

Frente a este contexto, la vecina letrada aseguró: “Cuando se inició el barrio la Municipalidad tuvo factibilidad, por eso se empezó a construir. No es que fuimos y tomamos los terrenos, de ninguna manera”.

Y sostuvo que al municipio le solicitan que “acompañe este esfuerzo solidario de todos los vecinos”.

“No pedimos que nos subsidie, solo que no nos pongan palos en la rueda para poder tener los planos, cumplir con toda la normativa, que por ahí sean un poco más flexibles en algún tipo de requisito”. 

Así mismo resaltó que como vecinos no tienen ningún rédito económico con esta situación, “lo que queremos es resguardar nuestra tierra, el sueño de nuestras casas”.

Siguiendo esta línea, lo comparó con la provincia de Buenos Aires: “En Buenos Aires le dan 300 mil pesos a los usurpadores para que se vayan y a nosotros que queremos pagar, regularizas, que queremos salir adelante nos clavan 32 millones de pesos”, ironizó.

“Eso no lo paga ninguna comercializadora que lucra con esto, lo pagamos nosotros los vecinos que previamente pagamos, y  muy bien pagados nuestros lotes y tenemos por delante mucho tiempo de obras”. 

Coira, por otro lado, también indicó: “Ahora la municipalidad nos condena a la Liquidación” y agregó que la multa puede quedar en condiciones “de ser ejecutada judicialmente”.

“Y una vez que la ejecuten judicialmente ellos la pueden acreer. Nosotros no podemos pagar 32 millones de pesos, más los honorarios más todo lo que eso va a devengar y ¿qué tenemos que hacer? entregarles a la municipalidad el barrio”.

A su vez, detalló: “Nuestro barrio tiene una base imponible en total de 45 millones, la multa equivale al valor del macrolote en la base imponible. Es una locura”.

En cuanto a la empresa desarrollista, Coira dio a conocer que desde hace cuatros años, tiene una denuncia penal. “Pero nosotros o nos remitimos a mirar para atrás y lamentarnos, o asumimos que nos estafaron y empezamos a caminar para adelante y sacar adelante el barrio. Ya nos estafaron y ya está en manos de la justicia”, determinó.

La construcción de las viviendas comenzaron en el año 2013, con Prima Terra como desarrollista, la cual fue desplaza en el 2017 por irregularidades administrativas.

Luego le siguió el fideicomiso Bajo los Sauces, de mujer del dueño de la tierra, María José Juncos, según los datos otorgados por Silvina Coira, y le “entregó poder general de administrador general a la comercializadora Valúes”, revocando su poder en 2019 por incumplimiento.

Desde entonces, los vecinos formaron una administración llamada “Administración 6 de Febrero” y diversos consejos de regulación.

Lo que solicitan, es poder regularizar la situación legal y dejar el barrio dentro de las reglas, para poder continuar luego realizando las obras necesarias.