En el programa Fuerte y Claro de las plataformas SRT Media, vecinos detallaron las características de la denuncia que realizaron ante el municipio y Concejo Deliberante de dicha localidad de Sierras Chicas.
La empresa en cuestión, Sierra Nueva SAS, está constituida por las abogadas Daniela Fossati y Carolina Romero, junto al contador Lucas Dianda.
Según denuncian los vecinos Carolina y Marcelo, esta sociedad comenzó a enviar intimaciones de pago de expensas, que actualmente rondan los 125.000 pesos, argumentando que los fondos se destinan al mantenimiento del barrio.
El problema surge porque, según la ordenanza aprobada en 2014, el barrio es abierto, lo que significa que los vecinos sólo deben abonar impuestos municipales, y no expensas a ninguna entidad privada.
“Tenemos una ordenanza del 2014 donde se aprueba el loteo del barrio. Finalmente el municipio decidió que esto fuera un barrio abierto”, recordó Carolina y mencionó un pórtico, “donde había en un principio una persona que era de la loteadora porque había muchos terrenos, muchas obras y se controlaba ahí el ingreso de los camiones y demás. Con el tiempo los vecinos decidieron que ese guardia siguiera estando por una cuestión de seguridad”.
Luego, en pandemia, entre 2020-2021, se conforma una comisión vecinal. “El barrio tiene una situación topográfica complicada. La calles, las plazas, todo es del municipio, lo tiene que mantener el municipio”, indicó la vecina.
En 2021, la normativa fue modificada para indicar que el barrio sería “abierto con control de acceso”, pero este control nunca fue reglamentado ni cuenta con respaldo en el Código de Edificación de Mendiolaza.
En ese marco, la comisión vecinal se dividió entre aquellos que estaban a favor del cobro de expresas voluntarias y aquellos de que fueran obligatorias.
En ese marco, un grupo conformó una Sociedad Anónima Simplicada (SAS) y empezó a cobrar las expensas.
De este modo, la empresa Sierra Nueva SAS se atribuyó el control de acceso y comenzó a cobrar expensas bajo la figura de una adhesión a la SAS, obligando a los vecinos a firmar documentos donde, según denuncian, se les hace creer que se convierten en socios de la sociedad y que sus propiedades pasan a formar parte de la misma.
“Y ahí empezaron los problemas, porque esta empresa privada empezó a mandar cartas de documentos a los vecinos. Hoy en día hay un juicio con un embargo de una casa. No es un barrio cerrado, no es un country, no es un club de campo, no tiene consorcio, no tiene propiedad horizontal, no está regido por esas leyes, por eso el concepto de expensa y obligatorio no existe”, recalcó Carolina en su testimonio.
Muchos vecinos que desean desvincularse de estas asociaciones no pueden hacerlo, y quienes no forman parte de ellas igualmente reciben intimaciones y mediaciones legales para exigir pagos, bajo el argumento de la existencia de un “usufructo”.
El municipio de Mendiolaza ya se pronunció sobre la situación, precisaron los vecinos aclarando que estas prácticas son prohibidas.
Los vecinos del barrio agregaron que, tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo municipal, sostuvieron que en ningún momento la ordenanza habilita a una empresa privada a apropiarse del espacio público ni a cobrar expensas por servicios que corresponden al municipio.
Además, la SAS citó ordenanzas de la ciudad de Córdoba y artículos del Código Civil y Comercial que no son aplicables al caso de Mendiolaza, confundiendo a los vecinos y tergiversando resoluciones para dar la impresión de que el cobro de expensas es legal, incluso para quienes no son asociados.
Al respecto, Marcelo, vecino del barrio, concluyó: “Estamos de una irregularidad tras otra irregularidad”.
“Este es un barrio abierto que ahora está con control de acceso, pero esa figura que se ha cambiado no significa que se pueda cobrar expensa y se ha aclarado muchísimas veces. Tampoco se puede trabajar sobre los espacios públicos porque eso lo tiene que hacer la municipalidad y esta SAS está haciendo cosas donde en vez de mejorar están causando muchos inconvenientes”, añadió.
Los vecinos denuncian que esta situación genera confusión, presión y perjuicio económico, y reclaman que el municipio y la justicia intervengan para garantizar que se respeten los derechos de los residentes del barrio.
