Se trata del concejal del Bloque Hacemos por Córdoba, José Romio, quien la semana pasada cuestionó maniobras “dudosas” de la cesión de unos lotes.
La semana pasada, Romio presentó en el Concejo Delibertante de la ciudad Estación Juárez Celman la revisión del convenio para la construcción del Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se supo que para dicha edificación se necesitarían 15 hectáreas, de las cuales cinco de ellas serían donadas por José “Pirincho” Prunotto, padre de la intendenta Myrian Prunotto, según fuentes oficiales.
Para Romio, esas hectáreas serían compradas por el municipio y llevaría a una deuda de 30 millones de pesos, precio sobrevaluado, por lo que solicitó la revisión del convenio.
“El Municipio de Juárez Celman a cargo de Myrian Prunotto, le compra terrenos sobrevaluados en su tasación a su padre en una clara maniobra deshonesta tanto por el lazo familiar como el daño económico que le causará al municipio”, insisten.
En este marco y tras “solicitar rever el convenio firmado”, la decisión de sus colegas dentro del Concejo Deliberante fue la suspensión de Romio de su cargo por tres meses, expresaron desde el bloque opositor.
“Según la suspensión por el plazo de tres meses es por «indignidad» por haber invitado al Sr. Prunotto al Concejo a rever el convenio firmado”, afirmaron.
A su vez, Romio destacó que “Es inadmisible que por el solo hecho de pedir explicaciones y velar por los intereses de los vecinos, los Concejales oficialistas con el aval de la indendenta Myrian Prunotto, tenga una respuesta hostil y antidemocrática”.
En este sentido puntualizó: “No estamos en contra de traer la Universidad a nuestra ciudad todo lo contrario, es un honor para nosotros. Lo que nos hace ruido y no lo vamos a dejar pasar es la forma, el entramado, la deuda millonaria que nos dejan a los vecinos y el tremendo negociado que hay detrás de este proyecto”.
Desde Hacemos por Córdoba y en defensa del concejal representante, hicieron hincapié en que “a pesar de la deuda millonaria que contraerá el Municipio, la Intendenta no tuvo reparos en declarar la Emergencia Sanitaria, Social y Económica en la Ciudad de Estación Juárez Celman a través de la Ordenanza N° 836 y en Mayo, a través del Ente de Municipios Radicales, solicitó un crédito a tasa cero y a doce cuotas, para el pago de sueldos y aguinaldos”.
“Claramente estamos ante un abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, por lo que junto a nuestros abogados estamos estudiando realizar también una demanda penal a la Intendenta según el artículo 248 del Código Penal de la Constitución Nacional”, dijo Romio.
