A finales de septiembre se vence el Decreto de Necesidad de Urgencia que protege a los inquilinos frente a la pandemia. Sin embargo, aún no hay anuncios aún sobre cómo continuará.
El DNU 320, fue oficializado el pasado 29 de marzo a los fines de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de la emergencia sanitaria. De esta manera, bajo decreto, quedaban suspendidos todo tipo de desalojo y se congelaron los precios hasta el 30 de septiembre, como también la prórroga de contratos, entre otros puntos.
Sin embargo, la pandemia no terminó y la situación económica continúa siendo inestable para una gran parte de la sociedad. Sobre todo, con el antecedente de los últimos años, en los cuales el incremento ascendió a pasos importantes.
No sólo es, sino también la dificultad por el acceso a los alquileres, para los cuales solicitan garantías y depósitos en algunas ocasiones muy difíciles de alcanzar. Sin dejar afuera, las importantes comisiones inmobiliarias.
Lo cierto, es que existe una necesidad de sostener estas políticas adoptadas por el gobierno nacional y salir de la crisis de la mejor forma posible sin que impacte en el derecho a la vivienda. Por el momento no hay definiciones.
En este punto, el presidente Alberto Fernández, en diálogo con el programa de tv A Dos Voces, dijo: “Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, hasta que podamos poner en orden y tranquilizar la economía”.
“La economía está intranquila por el mundo, porque la pandemia dio vuelta la economía del mundo. Y además están intranquila también porque la Argentina ha tenido muchas dificultades en estos últimos años”, dijo el jefe de estado.
Sin embargo, aunque expresó que “hay que esperar” y que “no hay precipitarse”, fue contundente cuando dijo que “Tienen que saber todos que nosotros vamos a seguir protegiendo a los sectores más débiles, porque no es momento de castigarlos y es la verdadera preocupación que nosotros tenemos”, señaló Fernández.
Esto no alivia a los diferentes sectores, inquilinos y propietarios, que estarán a la espera de nuevas disposiciones para tener en claro como sigue.
En medio de toda la cuestión, en julio de este año se aprobó la Nueva Ley de Alquileres, sancionada por el Congreso, mediante la cual se flexibilizan las exigencias para inquilinos de todo el país al permitirles presentar opciones de garantía y extender los plazos del contrato de dos a tres años.
Antes de su sanción, los valores de los alquileres se definían cuando se firmaba el contrato y el precio total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y que por lo general se pactaba con incrementos semestrales.
Con la nueva ley, los alquileres pasarán a ajustarse una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC). Antes, se ajustaba a diversos factores y mensualmente. Algo no favorable desde el punto de vista de inmobiliarias y propietarios.
La otra cara de la moneda en contra: Inmobiliarias y propietarios
Desde la entidad que nuclea a los corredores inmobiliarios de todo el país, le solicitó al Gobierno nacional que no extienda hasta fin de año el congelamiento de alquileres.
El comunicado fue a través de una carta abierta enviada a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
En este punto, los corredores resaltaron que tras una encuesta realizada por los Colegios Profesionales Inmobiliarios del país, los resultados «vienen dando estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas».
De esta manera, «no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía», destacaron.
Por su lado, desde el Ministerio anunciaron que “se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro Ministerio», pero que «la continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas».
Además, los profesionales expresaron que «El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados con el comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda».
Sin embargo, afirmaron que «se vienen generando instancias de diálogo con las diversas entidades defensoras de inquilinos».
Fórmula de indexación. La nueva manera de calcular el valor a los alquileres
El pasado viernes 28 de agosto, el Banco Central publicó en su página web oficial, el índice para incrementar el precio de los alquileres de manera anual.
Esta fórmula, que toma como variables los salarios y la inflación, incrementarán los valores por encima de los que se venían pagando en los últimos años, y que seguía la curva de crecimiento que se promediaba por paritarias.
Desde la nueva ley, con actualización anual, prohíben el aumento escalonado. Soledad Balayan, titular de una inmobiliaria, dijo que «La ley de alquileres impone restricciones que eliminan flexibilidad e incrementa la incertidumbre, factores claves que afectan las expectativas y se traducen en un mayor monto del alquiler al inicio del contrato», en una nota publicada.
Y agregó: «Es muy probable que el incremento en el valor del alquiler después del primer año de contrato supere el que hubiera sido pactado sin la nueva ley».
Este contexto, se mira con preocupación y con expectación por los distintos sectores. Sin anuncios, sin decisiones y con incertidumbre, no se sabe aún cómo continuará.
