Un grupo de vecinos autoconvocados de Cuesta Blanca, denunciaron colectivamente la usurpación de terrenos y casas. Se estima que al menos fueron 80 los lotes y 2 casas.
Alrededor de 180 vecinos realizaron la denuncia penal, a través del abogado representante, Eduardo Sosa, por la toma ilegal y, en algunos casos la venta e intento de ventas de las propiedades privadas.
La acusación fue realizada en la Fiscalía de la ciudad de Carlos Paz el pasado viernes, a cargo de la Doctora Jorgelina Gómez, “con el fin de hacer cesar esta ola delictiva de sujetos inescrupulosos”, dijo el letrado.
Sosa, además, expresó a través de una entrevista realizada por Canal 10, que los individuos se aprovecharon de la situación de pandemia, de “la inactividad de la comuna, y la ausencia de sus titulares”, y así “han iniciado una verdadera olea delictiva para usurpar y apropiarse de lo que no les pertenece y privando a los titulares de sus propiedades”.
Hasta el momento, se sabe que las personas que cometieron los delitos fueron identificadas. Ante esto, el letrado destacó que “no se trata de personas en situación de indigencia o de problemas habitacionales”.
“Se trata de personas, muchas de ellas, con poder adquisitivo, que encontraron en esta situación de ausencia de sus titulares, de la sociedad prácticamente en su hogar resguardándose del Covid, que se han introducido, constituyendo una organización cuasi mafiosa, en terrenos ajenos”.
Así mismo, especificó que se llegaron a alambrar manzanas enteras, “a través de un operativo, un protocolo de toma de tierras”.
En cuanto al desalojo, Sosa remarcó que es “factible”, al tratarse de personas que son privadas de su propiedad.
En relación a los hechos delictivos, el abogado señaló que: “Es una apiola, una avivada de estas personas, que además se valen de las personas más humildes”
“Nos hemos encontrado con situaciones donde el apoderado de los terrenos se constituye y, ellos a través de un grupo de WhatsApp, están muy organizados y utilizan a esta gente como elementos de choque para no permitir que la persona pueda ingresar a su propiedad. Son personas violentas, claramente”.
En este punto, hizo referencia a que se trata “generalmente” de habitantes del barrio Comechingones, “donde tienen su asentamiento” y que son funcionales a los delincuentes.
Por otro lado, Sosa expresó que tomaron conocimiento que “ya han sido usurpadas dos viviendas”. Actualmente, se está tratando de localizar a los propietarios que, además, las utilizan como casas de veraneo. “Se dieron con la sorpresa de llegar a sus casas y hay una familia viviendo adentro”.
Así mismo, advirtió que esto no sucede solamente en la localidad, sino que va a continuar pasando en otros puntos de la provincia de Córdoba, como Calamuchita. “Hasta que no se levante este calvario, este flagelo, porque la pandemia ha destruido todo básicamente, no va a poder volver a su vivienda, y recién cuando pueda asistir a su terreno o a su hogar se va a encontrar con esta situación de ocupación”.
En cuanto a los autores ideológicos y materiales, dijo “tenemos identificadas a las personas que han usurpado”. Y continuó: “Ellos venden posesiones, no son personas en situación de calle”.
“Han vendido posesiones en algunos casos, a precios irrisorios y en otros casos a mayor precio, eso no lo podemos corroborar porque es entre partes privadas. Pero al negocio inmobiliario lo hacen ellos a través de la nefasta Ley 9150. Ocupan un terreno y venden lo que no les pertenece”.
En esta línea, el letrado dijo que es tan responsable el que vende como el que compra, ya que el comprador entiende que se está vendiendo a un precio más barato de lo que corresponde y se entiende que algo no está bien.
En cuanto a los procesos judiciales, explicó que en primera instancia, se “acude a la justicia, se acredita la titularidad del dominio, se acredita todos los antecedentes, y no debería demorar más que un tiempo prudencial para restituir la propiedad a sus dueños”, señalando que la Fiscalía de Carlos Paz, “cuenta con todos los elementos para verificar las titularidades” y los delitos.
Sin embargo, se expidió contra la justicia, por tener una “burocracia espantosa”, comprándola con la de España.
Y continuó: “La policía se constituye en el lugar, va verifica, identifica las personas. La policía no tiene ningún poder de desalojo, lo único que tiene que hacer es esperar que el titular, que puede estar en otra provincia, venga a Carlos Paz, que es la sede de la dirección judicial, haga a denuncia, se constituya un expediente penal y recién ahí, luego de un tiempo que puede ser un mes, dos meses, tres meses, a veces un año, la Fiscalía, autoriza a la policía puede proceder a restituir el terreno a su titular”.
“Hay una burocracia espantosa, donde una persona para recuperar lo que le pertenece tiene que contratar a un profesional, pagarle, perder un montón de tiempo y pasar por un verdadero calvario para poder recuperar lo suyo”, determinó.
Finalmente Sosa, remarcó: “Yo creo que el problema habitacional existe y debe ser abordado por el estado en sus distintos estamentos, pero no son los particulares quienes deban resolver esta problemática. Cuando se viola la propiedad privada ya estamos rompiendo el contrato social y el estado de derecho”.
