Hubo 10 cómplices detenidos y 9 presos involucrados, quienes operaban dentro de la cárcel realizando llamados extorsivos.
Se trata de al menos 14 hombres y 5 mujeres, acusados de integrar la banda delictiva que estafaba vía telefónica, teniendo como centro de operaciones al penal Bouwer.
Esta banda, accediendo a las cuentas de los beneficiarios que había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recaudaron alrededor de 18 millones de pesos por mes.
Por otro lado, fuentes judiciales informaron a una agencia de noticias, que las detenciones fueron realizadas luego de 44 allanamientos pedidos por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, “quien encabezó una investigación de seis meses que recopiló 70 hechos cometidos por esta organización e incluyó el análisis de 6.000 llamados mensuales que realizaba la banda”, señalaron.
En dicha investigación, detallaron que la banda estaba conformada por nueve personas, que operaban desde la cárcel realizando los llamados extorsivos haciéndose pasar por empleados de ANSES y/o de empresas multinacionales, mientras que otras diez por fuera del penal se encargaban de la logística de cobro.
Según las averiguaciones que aún continúan en curso, se estima la participación de al menos 30 personas más, que se cree que actuaron de “bancarios”, es decir, prestaron su nombre para realizar las transferencias con el dinero robado.
Modus Operandi
Según las investigaciones realizadas, se calcula que la banda delictiva comenzó a operar desde el 26 de marzo de este año, días después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional por la contingencia sanitaria del coronavirus.
El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de ANSES y/o de empresas multinacionales.
Cuando lograban obtener la atención de la víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático y les solicitaban que modificaran las claves personales y que se las comunicaran, y de esta manera poder variar las cuentas bancarias y solicitarles préstamos personales.
Según lo expresado en el expediente: “Un valor promedio de estafa cercano a los 50.000 pesos, teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3.500 hasta los 600.000 pesos aproximadamente, nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos”.
Una pesquisa que comenzó en el conurbano, terminó en Bouwer.
Tras la denuncia de 70 damnificados en la zona norte del conurbano, más precisamente en las localidades de San Isidro, San Fernando, Pilar y Tigre, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ordenó comenzar con la investigación y puso al frente de ella a su adjunto, el fiscal Ferrari.
“Si bien la investigación se centró en casos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense, la banda operaba a lo largo y ancho del país”, dijo una fuente vinculada a la investigación.
Luego de cuatro meses de cruzamientos de llamados e información, el juez de Garatías 7 de Pilar, Water Seattone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados.
En cuanto a los acusados, indicaron que se les inmovilizaron las cuentas bancarias y se secuestraron los celulares de los responsables, quienes quedaron imputados por el delito de “asociación ilícita y estafas reiteradas”.
