Tras los reiterados incendios que dejaron alrededor de 70 mil hectáreas quemadas en lo que va de este año, integrantes de organizaciones sociales, académicas y culturales firman un petitorio dirigido al gobierno provincial.
Aunque los incendios aún no cesaron, ya que hasta el medio día de hoy se encontraban dos focos activos en los departamentos de Santa María y Cruz del Eje, la preocupación por las extensas áreas y montes nativos alcanzados por las llamas, continúa, ante un contexto de falta de lluvias y gran sequía.
Desde diversas organizaciones, incluyendo el Concejo de Ambiente Municipal, firmaron un petitorio abierto a la comunidad, solicitando al gobierno provincial la toma de medidas para contrarrestar lo ocurrido, como también aquellas que eviten lo siga sucediendo.
“A partir de la estacionalidad, previsibilidad e intencionalidad de los incendios de montes y pastizales, así como la magnitud en la que han estado sucediendo en la Provincia de Córdoba en los últimos meses”, es que “hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Provincial”.
El principal pedido, es que se “tomen una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas”, expresaron en el petitorio.
Pero no se trata sólo de las aproximadamente 70 mil hectáreas quemadas, sino también de las “pérdidas de vidas humanas, graves daños sobre la biodiversidad, el suelo, la regulación hídrica y otros servicios ecosistémicos, al igual que incalculables daños materiales”, remarcaron.
A raíz de esto, exponen recomendaciones, que según describen, son “producto tanto de experiencias internacionales, estudios científicos y técnicos locales, así como por la exitosa práctica de organizaciones no gubernamentales, campesinos y pueblos originarios, las cuales poseen además un amplio consenso social”.
Entre ellas, solicitan que se tengan en cuenta los siguientes puntos:
– Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas. A posteriori, seguir las recomendaciones elaboradas por reconocidas organizaciones académicas y ambientales.
– Realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en el art 10, inc. a, ap.VI, de la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego Nro. 26.815; a los fines de incrementar su eficiencia en aspectos de prevención, vigía y supresión temprana de incendios.
Ante esto, subrayaron la importancia de “invertir en planes de educación ambiental a nivel formal en todos los niveles educativos, e informal a diversos sectores de la población”.
Otro punto a destacar es la necesidad de “trabajar con los productores rurales para que desistan de utilizar el fuego como método para el rebrote de pasturas”.
Por un lado, solicitan asegurar el funcionamiento de puestos de vigías dependientes de todos los cuarteles de bomberos voluntarios ubicados en la zona de riesgo de incendios, y por el otro, “incorporar herramientas de elaboración de zonas críticas y detección temprana de focos de incendios con la ayuda de instituciones académicas y técnicas, ya que ello permitirá el ataque temprano que reduce en un 80% el riesgo que los incendios abarquen grandes superficies”.
– Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos, a los fines de establecer espacialmente las áreas protegidas que fueron afectadas por los incendios, y se realice un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo, en correlación con los Municipios y Comunas.
– Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, con una efectiva georeferenciación que establezca qué actividades son o no permitidas en todo el territorio provincial.
– Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios. Los fiscales deben investigar las causas y el origen de los incendios, así como velar por el cumplimiento efectivo del Art. 22 de la Ley Federal de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo luego de un incendio.
– Suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental, ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión. El contexto de la actual crisis sanitaria no puede ser utilizado como argumento para facilitar los desmontes en zonas protegidas por leyes nacionales y provinciales.
– Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. Y revocar la Resolución Nº227 de la Secretaría de Ambiente por su carácter inconstitucional.
Finalmente, en la carta abierta manifestan que “nuestra sociedad necesita un Alto al Fuego para las presentes y próximas generaciones, en un marco de igualdad, participación e inclusión que proteja nuestra casa común”.
Entre los firmantes se encuentran: Darío Ávila. Abogado M.P. 1-33196; Fernando Barri, Docente de la UNC e investigador del CONICET; Melina Dassano, Comunicadora de Ecos Córdoba y trabajadora comunitaria; Guillermo Galliano. Naturalista y presidente de la Fundación Mil Aves; Federico Kopta, Biólogo M.P. A-1187, En representación del Foro Ambiental Córdoba – AC y José Luis Serrano, comediante.
