La Legislatura provincial aprobó el cambio de la ley sobre el uso de las cámaras de seguridad instaladas en las calles, que podrán ser empleadas por municipios y comunas para definir contravenciones como pueden ser las infracciones de tránsito.
La modificación más importante fue avalada sólo por el mayoritario bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, que se encuentra en el artículo 5, que expresa: «Las imágenes y sonidos obtenidos en el marco de la presente ley sólo pueden ser requeridos por magistrados o fiscales abocados a la investigación o juzgamiento de causas contravencionales o penales, y por municipalidades y comunas bajo la condición que fije la reglamentación».
La posibilidad de utilizar los vídeos de vigilancia para detectar faltas de tránsito y respaldar multas por infracciones fue cuestionada por todos los bloques opositores.
El texto de la ley tampoco establece si el requerimiento de los registros de seguridad lo hará un Juez de Faltas municipal o si quedarán a disponibilidad de los funcionarios. Según Juan Manuel Cid: «lo importante es que sigue siendo el Ministerio de Seguridad el que se encargará de la manipulación de las cámaras y de la grabación de las imágenes».
En efecto, se mantuvieron intactos los artículos vigentes de la ley original, que obligan a los operadores de las cámaras y registros grabados a guardar confidencialidad sobre los datos obtenidos, otro de los cuestionamientos que hizo la oposición.
De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, hay 2259 equipos fijos instalados en 103 municipios y 1099 cámaras están en la ciudad de Córdoba. También hay 1040 cámaras equipando patrulleros policiales, que también pueden ser utilizadas según los términos de la ley.
