En el afán de “normalizar disposiciones técnicas mínimas” necesarias para su funcionamiento, este jueves el gobierno provincial decretó «la emergencia por causa de fuerza mayor en todo el ámbito de la APROSS por el término provisorio de treinta días corridos».
Tras el incendio producido en la sede central el viernes 18 de abril, ahora el objeto de las autoridades es “la salvaguarda de la salud y calidad asistencial” y el afán de “no interrumpir y/o afectar de modo alguno los servicios que presta” la Administración Provincial del Seguro de la Salud.
La Resolución 38 del organismo, publicada en el Boletín Oficial, dio a conocer que el siniestro “impacta de manera directa la regularidad y continuidad de la actividad administrativa y operativa, lo que genera la imposibilidad física y material del normal desenvolvimiento de la institución”.
De allí la determinación de implementar “todas las acciones y tareas necesarias a efectos de desarrollar los protocolos y procedimientos de carácter transitorio y excepcional que permitan dar cumplimiento a la prestación de servicios de salud” que tiene a cargo.
La normativa también suspende “de manera transitoria todos los plazos procesales administrativos que se encuentran en curso por un plazo de diez días hábiles, pasibles de prórroga mientras persista la situación de emergencia, con la finalidad de garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y especialmente, los derechos de las personas afiliadas a la APROSS”. La excepción, en este caso, son “los actos urgentes que se deban dictar en la emergencia” para los que está facultado el Directorio.
Desde un primer momento, dirigentes políticos apuntaron la coincidencia del fuego con las recientes detenciones en la causa por estafas.
