La Minera El Gran Ombú S.A impulsó el cierre del camino San Fernando S-522, donde se encuentra la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende y Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, lo cual causó reacciones desde sectores ambientalistas y pusieron en movimiento al municipio de Villa Allende.
La gran importancia de un hecho así, es que pone en riesgo la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende, como también el bosque de Orco Quebrachos, siendo uno de los principales en la provincia de Córdoba, “surcado por vados del arroyo San Fernando y variadas cascadas, saltos de agua y sitios históricos con morteros y valles en el corazón mismo del monte serrano de Sierras Chica.” El cierre, según Grupo Tacku, vulnera además, “el acceso público que hasta hoy tiene para cuerpos de seguridad y rescate, ciclistas, deportistas y visitantes a pie o en auto”. Por su lado, el CONICET declaró: “Corremos el riesgo de perder el patrimonio natural, cultural y la accesibilidad pública a estos territorios que poseen importantes antecedentes legales de conservación”.
En este marco, la agrupación de Sierras Chicas declaró que “En los archivos de vialidad provincial este camino figura como público desde el año 1870 habiendo servido de conexión entre Cosquín – Villa Allende y entre La Mesada (La Calera) por San Fernando”, como evidencia de que la minera El Gran Ombú, no puede hacer uso del mismo.
Desde el CONICET se presentó distintas pruebas legales y técnicas para fundamentar frente al Concejo Deliberante de la ciudad y expresó que este hecho prioriza un fin económico y no “prioriza el bienestar común por sobre el privado. Consideramos que la accesibilidad a las mismas debe estar garantizada y no cercenada por intereses particulares que buscan violar la legislación ambiental vigente a pesar del carácter productivista y de los beneficios económicos que proponen.”.
Joaquín Deon, uno de los voceros de Grupo Tacku, expresó que ya hicieron las presentaciones administrativas correspondientes en defensa del camino y por la preservación del bosque nativo. “Nos reunimos con el Concejo Deliberante de Villa Allende, y planteamos que el camino no se cierre, pero que tampoco se cambie la traza. Estamos solicitando que se lo declare patrimonio o de uso de interés público para que no se avance”. Además declaró que esa zona de explotación minera es zona roja, lo que según ley provincial no podría realizarse explotación de algún tipo, a lo cual “encontraron la veta, bajo otro artículo para realizar la actividad minera, la se contradicen con leyes ambientales”.
Detrás del cierre de San Fernando, no sólo hay intenciones de actividad minera, sino que además de desarrollo urbano e inmobiliario, lo cual implica el beneficio de sólo un sector, en contraposición a la protección de la naturaleza y del derecho de todos los ciudadanos a la Reserva de las Sierras Chicas, mencionó el vocero de Tacku. Se esperan respuestas a nivel provincial, como también a nivel municipal. Otras localidades como “Unquillo, Río Ceballos y Saldán lograron bajo ordenanza prohibir la actividad minera. Eso funciona como antecedentes”.
Otra de las denuncias tanto desde el CONICET como desde Grupo Tacku es que la empresa minera ha estado convocando a los frentistas a este camino, a hacerse presentes en la sede empresarial junto al Escribano Pacheco para rubricar un acuerdo de cierre, desvío y reapertura restringida del mismo por una traza de dudosa aprobación por parte del gobierno provincial. Sin embargo, muchos de ellos no están de acuerdo, excepto “grandes terratenientes cordobeses como la Familia Remonda, Sanchez (dueños de la Academia Arguello), Palacios Minetti y otros.” denunció el Grupo.
Desde la Municipalidad de Villa Allende, expidieron un comunicado donde aclararon que el Municipio “continuará, como hasta ahora, velando por el patrimonio natural de nuestra ciudad.” y elevarán pedidos de informes tanto a la cantera como a la Provincia de Córdoba “ya sea por la factibilidad de dicha explotación como también de las autorizaciones necesarias para hacerlo.” Y continuaron: “Es voluntad tanto del Intendente Eduardo Romero como de su gestión no permitir bajo ningún punto de vista el cierre del camino y es por eso que, en ese sentido, se harán todos los esfuerzos necesarios que estén al alcance para impedirlo.”
Frente a esto, donde atraviesan puntos legales, posturas públicas y ambientalistas por la protección natural y civil, como también privadas, en este caso de una de las grandes mineras de Córdoba, se abre un abanico de resultados posibles a definir en los próximos días.
